Los diputados franceses han aprobado en la Asamblea que establecer una duración determinada de un producto por un fabricante, la denominada obsolescencia planeada, se puede castigar penalmente, acarreando una pena de prisión de dos años y una multa de hasta 300.000 euros que se añadiría a otras ya integradas en la Ley de Consumo.
Vía Noticias de Ecoportal
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